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FSC-CCOO Coordinadora de Bomberas y Bomberos | 3 marzo 2021.
¿Cómo afecta a los bomberos y bomberas el estado de alarma declarado mediante el RD. 463/2020 del COVID-19?
El colectivo al que pertenecemos en general, realiza una función de carácter público, y aunque bien es cierto que siempre integramos a todos los modelos de bomberos y bomberas, - SPEIS, Forestales, Aeroportuarios, etc-, hay que destacar que con más razón esta vez tenemos que hacer hincapié en este sentido y queremos dejar claro que todos estamos supeditados al estado y deberemos acatar sus indicaciones.
15/03/2020.
BOE
Hay que tener en cuenta que esto no solo afecta a los Servicios Públicos y de gestión
directa, también conforme a leyes que se nos aplican en situaciones de máximo calado
de emergencias declarada, como es el caso de la ley del Sistema Nacional de Protección
Civil 17/15, ahora con este decreto se refuerza la función de carácter público que
tenemos la mayoría de los bomberos y bomberas y los que están al servicio de la
administración pública mediante gestión indirecta o privada en caso de emergencias,
también quedan supeditados bajo el mando de la máxima autoridad.
Por estas razones estamos bajo el mando del Ministerio del Interior y tenemos en
nuestro conjunto una responsabilidad que atender como profesionales de las
emergencias, “servir con el mayor garante a la ciudadanía por el estado de alerta
declarado”, y esto requerirá de una serie de consideraciones y obligaciones:
A EFECTOS PRÁCTICOS:
1. Estamos bajo el mando del Ministerio del Interior a efectos del RD., en todo lo
que ello concierne sobre la protección de vidas, bienes, lugares etc., que se
encuentren afectados por el COVID-19.
2. Todos los Servicios afectados por la Ley 17/15, del Sistema Nacional de
Protección Civil, estamos supeditados al Ministerio del Interior y nos afecta por
igual. Tomando en cuenta que en el caso de la aplicación de la 17/15, ya viene
predeterminada que son los Servicios Públicos los que asumen el mando y el
resto actúa bajo su colaboración. Por tanto, esto se mantiene en lo que respecta
a al RD, en todo caso siendo el Ministerio del Interior quien dicta las órdenes.
3. La gestión y actuación del desarrollo de competencias en actuaciones de
emergencias ordinarias, recae en la administración responsable del servicio, sin
perjuicios de la aplicación del RD. Con lo cual si se requiere hay que dar máxima
prioridad.
CONCLUSIONES:
1. En ningún caso pueden crearse iniciativas paralelas a la dirección de nuestra
administración con el fin de crear equipos de trabajo o de colaboración ante
emergencias con respecto a la crisis del COVID-19. Todo ello deberá ser
organizado y gestionado directamente por la administración responsable del
servicio u otra de rango superior que por aplicación de algún plan de
emergencias o territorial así lo requiera, y por supuesto al propio Ministerio del
Interior.
2
2. Para quienes somos funcionarios públicos, estamos en “disposición permanente
a ser requeridos”, dado que en cualquier momento podemos ser activados y
ante tal situación tenemos el deber y garante de responder. Esto también
requiere que estemos en una situación de movilidad reducida y lo más cerca de
nuestro centro de trabajo con un doble fin:
- No exponernos a contagios.
- Atender con la mayor urgencia los llamamientos en caso de necesidad.
3. Nuestras administraciones podrán adaptar todas aquellas cuestiones
necesarias de gestión operativa y organizativas del servicio, para atender los
requerimientos del Ministerio del Interior.
4. Además de la responsabilidad que tenemos como bomberos y bomberas,
también tenemos la de la ciudadanía en general. Esto significa que debemos
mantener la cuarentena en los términos descritos para la sociedad en general y
solo para la asistencia al trabajo deberemos movilizarnos. Hacerlo debidamente
identificados con la acreditación que así lo certifique. Si no cuentan con una
oficial, solicitar a la administración que les acredite con un documento
gubernativo en cumplimiento del RD.
5. Existe un régimen sancionador en el propio RD., que es de aplicación en caso de
incumplimiento. Además, en el caso de los funcionarios públicos el régimen
sancionador recogido en el TREBEP.
6. A todos los efectos debemos solicitar a nuestra administración la aplicación de
medidas de régimen interno como instrucciones de trabajo en cumplimiento a
la 31/95 LPRL, la cual se sigue aplicando. Tiene como fin actuar frente al COVID19 conforme a los criterios del Ministerio de Sanidad y de Trabajo en nuestras tareas rutinarias, intervenciones ordinarias y específicas con el COVID-19 y en los
centros de trabajo. Todas ellas tienen como fin, evitar el colapso del servicio, por
tanto, poder seguir prestando el servicio a la comunidad en este estado de Alerta
declarado respetando la salud y seguridad laboral de los profesionales de las
emergencias.
Parte del Texto del BOE RD. 463/20 como bibliografía de referencia:
Artículo 4. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será́el Gobierno.
2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto,
bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, serán autoridades
competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
d) El Ministro de Sanidad.
Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de
alguno de los Ministerios indicados en los párrafos a), b) o c), será́ autoridad
competente delegada el Ministro de Sanidad.
3. Los Ministerios designados como autoridades competentes delegadas en este real
decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la
adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio.
Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar
atención a las personas vulnerables. Para ello, no será́precisa la tramitación de
procedimiento administrativo alguno.
4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité́de Situación
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre,
de Seguridad Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de
autoridad competente.
Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas.
1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos
de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales
quedarán bajo las órdenes directas del Ministerio del Interior, a los efectos de
este real decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas,
bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su
duración o por su naturaleza.
4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil
definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministerio del
Interior.
Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad
competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido
en los artículos 4 y 5.
Por último, aclarar que la entrada en vigor de todas estas medidas ha sido el mismo
sábado 14 de marzo de 2020.
Lo recoge el propio RD:
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 14 de marzo de 2020.
Se adjunta con este informe el RD. Para el interés general y su lectura.